La Corte Suprema inicia el procedimiento para que los bienes y fondos decomisados a Lázaro y Martín Báez por unos US$ 60 millones pasen al Estado.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que transfiera a su nombre los fondos obtenidos en las subastas de los bienes del empresario kirchnerista Lázaro Báez y su hijo Martín Báez, como parte de la causa conocida como “Ruta del Dinero K”. Los inmuebles ya fueron inscriptos formalmente bajo titularidad de la Corte, conforme al Código Penal y al Código Procesal Penal.
El fallo original, dictado en abril de 2021, estableció decomisos por más de US$ 61,1 millones, además de bienes en pesos ajustables según el índice de precios del consumidor. Tras la confirmación definitiva de la condena y los decomisos por parte del máximo tribunal, el 29 de mayo de 2025, las medidas quedaron firmes. Con ello, la Corte dispuso la ejecución concreta: transferencia de dinero, adjudicación de inmuebles y mantenimiento de embargos.
Durante 2025, el Gobierno había creado el órgano Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, dependiente del Ministerio de Justicia, para supervisar estos activos. Pero esa idea fue frenada judicialmente por una medida cautelar, que sostuvo que el decreto excedía los límites constitucionales de un decreto de necesidad y urgencia, al afectar la estructura del Poder Judicial. Ante esa decisión, la Corte retomó el control directo sobre los bienes decomisados.
El inicio del operativo marca un paso clave hacia la restitución al Estado de fondos vinculados a corrupción de alto nivel, y pone en evidencia las tensiones institucionales entre el Poder Judicial y el Ejecutivo por el manejo de bienes de origen ilícito.
Deja una respuesta