La CGT redobla su ofensiva contra la reforma laboral y busca imponer su agenda política para frenar los cambios que impulsa Javier Milei. En la última reunión del Consejo de Mayo, la central sindical decidió tensar al máximo la relación con el Gobierno y reclamó debatir el “modelo económico” antes de cualquier modificación en las leyes laborales. Detrás del discurso, vuelve a exhibirse una CGT más alineada al kirchnerismo que a los trabajadores a los que dice representar.
Gerardo Martínez, referente de la UOCRA y vocero cegetista en la mesa multisectorial, anticipó que llevará un planteo centrado en cuestionar la política económica del Gobierno. La estrategia apunta a desviar la discusión de la reforma laboral para instalar un relato crítico sobre las importaciones, el cierre de empresas y la precarización, mientras el sindicalismo evita debatir su propio rol en un mercado laboral estancado desde hace décadas.
La CGT insiste en rechazar los cambios propuestos por el Gobierno, entre ellos la modernización de convenios colectivos, la regulación del derecho de huelga en servicios esenciales y la limitación de la ultraactividad. Todas medidas orientadas a transparentar la actividad sindical y reducir sus privilegios corporativos, pero que el gremialismo considera una amenaza directa a su estructura de poder.
A pesar de que el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró que habría diálogo y posibilidad de acuerdos, la central obrera denuncia que aún no fue formalmente convocada. Esa supuesta “falta de llamado” es hoy el nuevo argumento para victimizarse y justificar un endurecimiento que, puertas adentro, responde más a una decisión política que a un reclamo genuino de los trabajadores.
En paralelo, abogados de la CGT y diputados afines preparan una contrapropuesta destinada a bloquear los artículos que afectan su influencia directa en las empresas: restricciones a las asambleas, prioridad de convenios por empresa, cuotas solidarias y otros puntos que buscan limitar la discrecionalidad sindical. La reacción es clara: defender la caja y la estructura interna por encima de cualquier debate sobre empleo y productividad.
Mientras tanto, el Gobierno avanza con el respaldo de los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo y busca consolidar el apoyo político necesario para aprobar la reforma y el Presupuesto 2026. Ese bloque de poder se transforma en un contrapeso frente a una CGT cada vez más aislada y más vinculada a sectores kirchneristas que se resisten a permitir cambios estructurales.
La reunión del Consejo de Mayo —la primera encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni— será clave: empresarios, gobernadores, representantes del Congreso y el Ejecutivo buscarán avanzar en consensos. La CGT, en cambio, llega dispuesta a dinamitar cualquier entendimiento si no se impone su agenda.
El interrogante es evidente: ¿habrá acuerdo o la dirigencia sindical romperá definitivamente el diálogo? Todo indica que la CGT eligió el enfrentamiento como estrategia para conservar privilegios, aun a costa de bloquear reformas que podrían modernizar el mercado laboral y generar empleo genuino. Así, vuelve a demostrar que su prioridad no es la defensa de los trabajadores, sino la protección de un aparato político-sindical que hace años dejó de representar a la mayoría.
Deja una respuesta