Una contundente denuncia penal fue presentada ante la Fiscalía Federal de Esquel por la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces, señalando a altos funcionarios del Parque Nacional Los Alerces (PNLA) por presunto abuso de autoridad, negligencia e imprudencia agravada en el manejo del peor incendio forestal en la historia del área protegida, patrimonio de la humanidad. Los denunciados son el intendente Danilo Hernández Otaño, la jefa de Guardaparques, María Laura Fenoglio, y el jefe del ICE, Mario Cárdenas.
El fuego, que comenzó en diciembre de 2025 en el área intangible del brazo sur del Lago Menéndez, continúa fuera de control. Ha consumido vastas extensiones de bosque nativo prístino, incluyendo sectores con alerces milenarios (Fitzroya cupressoides), y ha arrasado con propiedades de pobladores locales, calcinando animales y destruyendo la base del turismo regional.
La denuncia sostiene que las acciones de combate han sido “insignificantes”, “precarias” y carentes de toda lógica operativa. Se detalla que, para atacar el foco inicial en la zona de máximo cuidado, solo se destinaron 30 brigadistas, excluyendo a guardaparques entrenados. Casi un mes después, apenas CINCO combatientes intentaban contener las llamas,y luego la aumentaron a cuarenta, cantidad que las propias autoridades reconocieron como insuficiente. Según los denunciantes, se rechazó traer más personal disponible en el país con el argumento de que “prefería que esa gente esté en sus casas”.
La acusación menciona también, un informe interno de la guardaparque Lorena Ojeda, quien habría expuesto graves irregularidades y, lejos de ser escuchada, habría sido objeto de acciones persecutorias por parte de sus superiores.
La denuncia pinta un cuadro de desorganización profunda y desinterés: falta de equipamiento, extintores vencidos en la propia intendencia, ausencia de planificación y una comunicación tan deficiente que la jefa de guardaparques habría instruido a su personal a informarse “por Instagram”. Además, se mencionan posibles conflictos personales, como la ex relación entre el jefe del ICE y la jefa de Guardaparques, que afectarían la coordinación, todo bajo la vista del intendente.
Los pobladores exigen a la justicia que investigue si existió un plan de contingencia, las razones de la escasez de personal, la prohibición de retardantes y, en definitiva, determine responsabilidades por lo que consideran una pérdida irreparable de un ecosistema único y un daño económico y social devastador para la región de la Comarca Andina.
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