En un giro significativo dentro del ámbito judicial bonaerense, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados ha decidido apartar de sus funciones de manera preventiva al juez Ernesto García Maañón, miembro de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Isidro. La medida, que se tomó en el marco de un jury político que enfrenta el magistrado, responde a una serie de graves acusaciones que van desde el acoso sexual hasta el uso indebido de recursos del Estado, marcando un hito en la lucha contra la violencia de género y el abuso de poder en los estrados judiciales.
El proceso, que ahora se adentra en la etapa de análisis de pruebas y cargos específicos, tiene al magistrado Sergio Gabriel Torres, titular de la Suprema Corte provincial, al frente del jurado. Junto a él, un cuerpo colegiado compuesto por conjueces abogados y legisladores deberá determinar la responsabilidad de García Maañón en cada una de las seis imputaciones que pesan sobre su espalda. La decisión de apartarlo preventivamente ya había sido anticipada por una licencia otorgada por la Suprema Corte, pero esta resolución consolida la gravedad de la situación y la determinación del sistema judicial por actuar con celeridad y transparencia.
Los seis cargos que podrían sellar su destino judicial
El representante del Ministerio Público Fiscal ha sido contundente al formular seis imputaciones específicas que delinean un patrón de conducta inapropiada y contraria a los principios que rigen la función judicial. El primer y más resonante de los cargos señala a García Maañón por situaciones de acoso y conductas inapropiadas hacia mujeres en el ámbito laboral, un delito que ha cobrado especial relevancia en la agenda pública y judicial. La acusación detalla comentarios sobre el aspecto físico de una funcionaria, como el ya célebre «esos pantalones te quedan muy bien», así como propuestas de encuentros personales que traspasan los límites de lo profesional.
Más allá del acoso sexual, la acusación incluye malos tratos reiterados hacia empleados y funcionarios, manifestados a través de expresiones agraviantes, órdenes arbitrarias y un comportamiento autoritario que habría creado un clima de hostilidad laboral. El abuso de poder es otro de los ejes de la imputación, evidenciado en la utilización indebida de recursos del Estado para su comodidad personal y un trato irrespetuoso hacia sus superiores, utilizando su investidura como herramienta de intimidación. La situación se agrava con la presunta presión sobre testigos para evitar declaraciones perjudiciales y la delegación irregular de su firma digital, una falta administrativa grave que pone en entredicho la seguridad y transparencia de los procedimientos judiciales.
El origen de la denuncia y el papel de la denunciante en la trama
El caso se destapó en julio de 2025, cuando una funcionaria judicial de la Cámara de Apelación de San Isidro decidió romper el silencio y presentar una denuncia formal ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense. Los episodios, que se habían gestado durante meses, quedaron plasmados en chats y audios que la víctima aportó como prueba fehaciente de la conducta del juez. La denuncia no solo activó un sumario administrativo, sino que también derivó en una investigación penal preparatoria a cargo del fiscal José Amallo, quien deberá determinar si los hechos constituyen delito.
Sin embargo, un aspecto que ha generado controversia y análisis en el expediente es el tono de las respuestas de la denunciante. Según las pesquisas, la funcionaria respondía los mensajes del juez en un tono informal, con risas y comentarios alegres, lo que ha llevado a algunos a cuestionar la claridad de su rechazo. En el texto de la acusación se menciona que esta actitud «convierte a los mensajes en una situación que por un lado muestra la desubicación del juez, pero también una especie de permisión por parte de la denunciante a que los comentarios continúen». Este matiz, lejos de restar peso a la acusación, ha sido interpretado como un reflejo de las complejas dinámicas de poder en el ámbito judicial, donde las víctimas a menudo se ven obligadas a manejar estas situaciones con ambigüedad por temor a represalias o por la asimetría de poder existente.
Instituciones en acción y el camino hacia un desenlace
La Procuración General bonaerense, bajo la dirección de Julio Conte-Grand, no tardó en actuar y en noviembre de 2025 presentó una denuncia ante la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento, ampliando el espectro de la acusación más allá del acoso sexual para incluir violencia laboral y abuso de poder. Esta presentación fue el detonante formal para el inicio del jury que ahora conmueve al Poder Judicial. Posteriormente, el Colegio de Abogados de San Isidro se sumó a la causa con su propia denuncia, acumulando más presión sobre el magistrado y demostrando la preocupación de la comunidad jurídica por su comportamiento.
Con el apartamiento preventivo ya en marcha, el Jurado de Enjuiciamiento se enfoca en el análisis pormenorizado de los cargos y la valoración de la prueba. Este proceso, que se desarrolla bajo la mirada atenta de la opinión pública y de los operadores judiciales, definirá no solo el futuro de García Maañón como juez, sino que sentará un precedente clave sobre la tolerancia cero hacia el acoso y el abuso de poder en la justicia bonaerense. La resolución final, que se espera en las próximas semanas, podría implicar desde una severa sanción hasta la destitución del magistrado, enviando un mensaje claro sobre la integridad y la ética que deben regir la función judicial.
Reacciones en el ámbito judicial y la espera por la sentencia
La decisión del jurado ha resonado con fuerza en los pasillos de los tribunales y entre los gremios judiciales, que han seguido de cerca el desarrollo del caso. Mientras algunos sectores celebran la celeridad y firmeza del proceso, otros aguardan con cautela el desarrollo de las pruebas y la posibilidad de que el magistrado pueda presentar su descargo. Lo que es innegable es que este caso ha puesto en el centro del debate la necesidad de mecanismos más eficaces para prevenir y sancionar el acoso y el abuso de poder en todos los niveles del Estado.
El jury político, con su composición plural y su carácter interdisciplinario, se enfrenta ahora al desafío de dirimir la verdad jurídica. La presencia de conjueces abogados y legisladores garantiza una perspectiva amplia que trasciende lo puramente técnico, incorporando la dimensión ética y social de las acusaciones. La sociedad, y especialmente las mujeres que trabajan en el Poder Judicial, espera que este proceso no solo haga justicia en el caso particular, sino que sirva como un catalizador para la transformación cultural necesaria en los ámbitos laborales, donde el respeto y la igualdad deben ser la norma y no la excepción.
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