El primer juicio por jurados en Chubut que no llegó a comenzar expone un grave problema: sin víctimas ni testigos, la justicia queda atada de manos.
La justicia de Chubut vivió un hecho inédito en Sarmiento: por primera vez, un juicio por jurados quedó desarticulado antes de iniciar. El motivo no fue una estrategia legal de última hora ni un fallo procesal, sino la negativa de las propias víctimas de un robo a participar en las audiencias. Su decisión de no declarar ni atender más a los investigadores dejó sin sustento a la fiscalía, que terminó retirando la acusación y dejando libres a los imputados.
El caso expone una fragilidad preocupante: el sistema judicial depende de la voluntad de las víctimas para sostener procesos donde ya se habían invertido tiempo, recursos y expectativas ciudadanas. La Oficina Judicial había dispuesto logística, hospedaje y alimentación para 12 jurados y 4 suplentes, seleccionados entre casi 60 vecinos de distintas localidades. Todo ese esfuerzo quedó en la nada cuando el juicio se desmoronó por la ausencia de quienes habían denunciado el delito.
Los acusados, José Nehiual y Vanina Villagrán, enfrentaban cargos por un robo agravado con arma ocurrido en noviembre de 2023 en la despensa “Agustina”. Durante el hecho, un matrimonio fue sorprendido por dos delincuentes armados y violentos; uno de ellos disparó antes de obligar al dueño a entregar el dinero de la caja. La dueña logró escapar corriendo. Pese a la gravedad del caso, el proceso judicial terminó en sobreseimiento inmediato porque las pruebas anticipadas no podían ser reproducidas sin la presencia de las víctimas para ser interrogadas.
El juez Gustavo Castro coincidió con la defensa en que admitir esas pruebas vulneraría el derecho de los imputados, y por eso no permitió su incorporación. La fiscal, sin testigos ni evidencias firmes, retiró la acusación.
Este episodio revela un problema mayor: el delicado equilibrio entre los derechos de las víctimas, la responsabilidad de la fiscalía y la confianza social en la justicia. El entusiasmo ciudadano que mostró el jurado popular, dispuesto a participar y viajar cientos de kilómetros, contrastó con el silencio de quienes debían sostener la acusación.
La consecuencia es doblemente negativa: por un lado, un hecho violento queda impune; por otro, se erosiona la credibilidad de un sistema de jurados que recién comienza a funcionar en Chubut. El derecho a defensa de los imputados fue protegido, pero la comunidad quedó con la sensación de que la justicia se desmorona cuando las víctimas bajan los brazos.
La pregunta incómoda es inevitable: ¿qué mensaje deja este caso para futuros juicios por jurados? ¿Bastará con la voluntad de las víctimas para que funcione un sistema que promete mayor transparencia y participación ciudadana?
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