Una jueza suspendió el DNU que limitaba huelgas en sectores esenciales. El país sigue rehén de sindicatos corruptos con respaldo judicial.
La justicia al servicio del privilegio sindical
Argentina vuelve a tropezar con la misma piedra: el poder judicial se alinea una vez más con los intereses del sindicalismo corrupto, perpetuando un sistema que hace décadas arrastra al país hacia la decadencia. La reciente decisión de la jueza laboral Moira Fullana, quien suspendió la aplicación del DNU 340/2025 impulsado por el presidente Javier Milei, representa un nuevo y grave obstáculo para el orden, la productividad y el bienestar de millones de argentinos.
El decreto buscaba establecer límites al derecho de huelga en sectores considerados esenciales, garantizando un funcionamiento mínimo de entre el 50% y el 75% de los servicios en situaciones de conflicto. Se trataba, en otras palabras, de proteger derechos básicos como la educación, la salud, el transporte y el comercio exterior frente a la extorsión permanente de gremios que operan como mafias institucionalizadas.
Pero una vez más, la Justicia decidió ponerse del lado de los poderosos de siempre: una cúpula sindical multimillonaria que no puede justificar ni sus propiedades ni sus ingresos, y que hace de cada paro una demostración de fuerza para seguir torciendo el brazo del Estado. Con argumentos que rozan el cinismo, la jueza Fullana sostuvo que no existían circunstancias excepcionales que justificaran el uso de un DNU, como si el país no estuviera atravesando una crisis estructural que exige medidas urgentes. Quizás desde la burbuja social y económica en la que vive el Poder Judicial, la crisis no los afecte.
La decisión judicial es formalmente cautelar, pero materialmente devastadora. Mientras la Justicia «analiza» si es constitucional defender el funcionamiento de hospitales, escuelas y puertos, la Argentina real —esa que madruga, trabaja, produce y estudia— queda otra vez atrapada en el laberinto del privilegio gremial. Con la suspensión del decreto, los gremios conservan la potestad de paralizar actividades clave sin ninguna obligación de garantizar mínimos servicios. La educación queda otra vez secuestrada, la salud a merced de medidas de fuerza, el comercio exterior obstaculizado, y la logística nacional en manos de extorsionadores de guante blanco.
La Corte Suprema aún no se ha pronunciado de fondo sobre el DNU 70/23 ni sobre su capítulo 4, que ya había intentado avanzar en esta dirección. La estrategia de la CGT es clara: judicializar cada avance que amenace su poder corporativo, al amparo de una justicia laboral que actúa como guardiana de sus privilegios.
Lo que está en juego no es una discusión técnica sobre la validez de un decreto. Lo que está en juego es el derecho de millones de argentinos a vivir en un país normal. Un país donde ir al hospital no dependa del humor de un sindicato. Donde los chicos puedan ir a clases sin ser rehenes de disputas políticas. Donde un productor pueda exportar sin que los contenedores queden varados por piquetes gremiales. Esa Argentina posible es hoy la gran víctima de una decisión judicial que legitima el chantaje organizado.
El sindicalismo argentino, lejos de ser una herramienta de justicia social, se ha transformado en uno de los principales factores de atraso. La connivencia política y judicial que lo sostiene permite que los mismos personajes, con fortunas sospechosas y estructuras verticalistas, sigan decidiendo quién puede trabajar, quién puede producir y quién puede educarse.
La jueza Fullana tuvo la oportunidad de poner un freno a estos abusos. Eligió lo contrario. Prefirió preservar los intereses de una casta sindical que vive del conflicto, mientras millones de ciudadanos siguen atrapados en la inercia del subdesarrollo.
Esta no es una disputa entre el gobierno y los gremios. Es una batalla entre una Argentina que quiere avanzar y otra que se aferra a sus cadenas. Lamentablemente, la Justicia volvió a elegir el lado equivocado.
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