Víctimas de atentados en EE. UU. piden a la Corte que rechace la inmunidad soberana invocada por Argentina en el juicio por YPF.
Un giro inesperado sacude el multimillonario juicio contra Argentina por la estatización de YPF: un grupo de familiares de víctimas de terrorismo —heridos o muertos tras ataques vinculados a redes afines al Estado iraní— se sumó como amicus curiae ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. Su intención: impedir que Argentina utilice la inmunidad soberana como escudo para evitar cumplir con una sentencia condenatoria.
Estos familiares recuerdan casos como el del sargento Darrik C. Benson, muerto en 2011 en Afganistán tras un atentado atribuido a la red Haqqani; el del teniente coronel David E. Cabrera, asesinado poco después en un ataque suicida; o el del sargento David Lau, gravemente herido en 2012 tras otra explosión con bomba. Su reclamo no tiene relación directa con la causa YPF, pero advierten que permitir la inmunidad en este caso podría dejar indefensas a víctimas de terrorismo en futuros reclamos contra Estados señalados como responsables de ataques.
Lo que comenzó como una demanda comercial por la expropiación de YPF en 2012 podría convertirse ahora en un precedente clave sobre la ejecución de sentencias contra Estados soberanos. La condena obliga a la República Argentina a pagar miles de millones de dólares y ordena la transferencia del 51 % de las acciones de YPF como parte del cumplimiento de la sentencia.
La presentación de los familiares —firmada por el abogado Tejinder Singh— busca respaldar esa decisión. Sostienen que la posibilidad de ejecutar bienes soberanos utilizados para actividades comerciales es esencial para garantizar que otros Estados, especialmente aquellos acusados de apoyar organizaciones terroristas, no puedan eludir responsabilidades civiles mediante el uso de la inmunidad.
Para el Estado argentino, sin embargo, la intervención de estos amici no altera el fondo del caso. La defensa sostiene que se trata estrictamente de un litigio comercial y que la excepción por “actividad comercial” prevista en la ley estadounidense de inmunidad soberana no se aplica a bienes que no se encuentren en territorio estadounidense. Además, afirman que la transferencia de acciones está regulada por legislación local y requiere aprobación legislativa.
Aun así, el caso avanza en un contexto político internacional complejo. Las acusaciones contra Irán —mencionado por las víctimas— se combinan con el posicionamiento geopolítico actual del gobierno argentino, alineado abiertamente con Israel.
El resultado de esta apelación no solo definirá el futuro patrimonial de YPF, sino que podría marcar un hito jurídico internacional: si la Corte se inclina por la postura de las víctimas de terrorismo, los tribunales estadounidenses podrían ampliar su capacidad de ejecutar bienes soberanos; si respalda la postura argentina, se fortalecerá el principio tradicional de inmunidad soberana ante litigios civiles.
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