El Gobierno eliminó el arancel del 28% que protegía a Aluar, la empresa de Javier Madanes Quintanilla, que es también dueño de FATE, permitiendo la importación de aluminio chino. La medida busca terminar con un monopolio que duplicó su market share mientras subía precios, en contraposición al discurso de «quiebra» y lágrimas de cocodrilo del dueño de Fate, uno de los hombres más ricos del país gracias a los beneficios impositivos que siempre tuvo para eliminar o reducir a su competencia comercial.
En una jugada que sacude los cimientos del establishment industrial argentino, el Ministerio de Economía, a través de la Resolución 172/2026 publicada en el Boletín Oficial, decidió no prorrogar la medida antidumping que gravaba con un arancel del 28% la importación de hojas de aluminio provenientes de China. La decisión, firmada por Luis Caputo, representa un duro golpe para Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., la empresa del holding de Javier Madanes Quintanilla, mismo dueño de Fate, la histórica fábrica de neumáticos que acaba de cerrar sus puertas despidiendo a 920 trabajadores, tras un acting mediático que ya había ensayado años atrás y en donde se evidencian maniobras de «ventas» multimillonarias de bienes de FATE a ALUAR, es decir, quedando siempre en manos del mismo dueño.
La resolución contradice abiertamente los intereses del grupo Madanes, que había solicitado la extensión de la barrera arancelaria impuesta en 2020. Lejos de la imagen de empresario acorralado que intentó proyectar con el cierre de Fate, Madanes Quintanilla es uno de los hombres más ricos de Argentina, con un patrimonio personal estimado en 1.600 millones de dólares según Forbes . Su fortuna se cimentó durante décadas bajo el ala protectora del Estado, gozando de subsidios y un monopolio de facto en la producción de aluminio primario .
Los informes técnicos que motivaron la decisión del Gobierno pintan un cuadro elocuente sobre los beneficios que acumuló Aluar durante estos años de protección. Mientras la medida antidumping estuvo vigente, las importaciones chinas se redujeron a niveles marginales, sin superar el 3% del consumo local . En ese contexto de virtual ausencia de competencia, Aluar amplió su participación en el mercado interno de foil (hojas de aluminio) del 64% en 2019 a un aplastante 91% en 2024 .
Pero lo más revelador es la política de precios del monopolio. Según datos de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE), entre 2022 y 2024, mientras el precio internacional del aluminio, su principal insumo, caía un 16%, Aluar aumentó el precio del foil nacional entre un 5% y un 7% . Es decir, con un mercado cerrado a cal y canto, la empresa no trasladó la baja de costos a los consumidores, sino que incrementó sus márgenes de ganancia a costa de la industria local que utiliza ese insumo, como las pymes alimenticias, farmacéuticas y de la construcción.
El argumento de la «defensa de la industria nacional» que esgrimen algunos sectores contrasta con la realidad de un grupo empresario que, ante una menor protección, reaccionó bajando los precios. En mayo de 2025, Aluar ya había anunciado una reducción del 25%, justificada por una mejora en el IVA y la creciente apertura de importaciones, demostrando que había margen para competir cuando el «cercito» proteccionista comenzaba a derrumbarse .
El contraste entre el multimillonario Javier Madanes Quintanilla, que controla desde la hidroeléctrica Futaleufú hasta parques eólicos, y el relato de pobreza empresarial esgrimido para justificar el cierre de Fate es, al menos, grotesco . Mientras despide a 920 empleados en su fábrica de neumáticos, su holding diversificado sigue siendo rentable y mantiene su posición dominante en el aluminio .
Con esta decisión, el Gobierno de Javier Milei envía una señal clara: se terminó la época de privilegios para los «amigos del poder» que confundían la protección estatal con la competitividad. Ahora, con la entrada de aluminio importado, los industriales argentinos podrán acceder a un insumo más barato, lo que debería traducirse en precios finales más bajos para los consumidores. La medida no solo golpea al bolsillo del monopolio, sino que abre la puerta a un mercado más justo y competitivo, donde los empresarios compitan con eficiencia y no con decretos que los beneficien.
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