El caso de Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez en Bahía Blanca expone el lado más oscuro de la Ley de Violencia de Género: hombres convertidos en culpables sin pruebas, inocentes tratados como criminales y un sistema judicial que ignora evidencias exculpatorias. Es urgente su derogación para terminar con el abuso legal disfrazado de protección.
En Argentina, la ley de violencia de género —creada bajo el populismo kirchnerista— se ha convertido en un arma peligrosa que invierte la carga de la prueba, viola la presunción de inocencia y condena socialmente antes que la justicia. El caso de Fernando Pereyra y Joaquín Álvarez, dos músicos bahienses falsamente acusados de violación, es un ejemplo brutal de cómo este instrumento legal puede ser manipulado para arruinar vidas.
En 2017, Fiorella Damiani denunció a ambos por supuestamente haberla drogado y abusado sexualmente. La acusación, sostenida en reiteradas declaraciones, logró que la policía los detuviera y los expusiera públicamente como violadores. Pasaron días encerrados, humillados y amenazados por otros presos, mientras su reputación quedaba destrozada.
Pero había un detalle que lo cambiaba todo: la relación sexual había sido consentida, filmada con autorización y conservada en cinco videos que mostraban a la denunciante participando activamente, lúcida y sin señales de coerción. Esas pruebas, lejos de ser analizadas de inmediato, fueron ocultadas inexplicablemente del expediente. Ni drogas ni lesiones fueron halladas en las pericias médicas.
Años después, y tras una detención arbitraria en 2021, la verdad finalmente emergió. Los videos fueron incorporados, la mentira quedó al descubierto y Damiani terminó procesada por falso testimonio agravado. Sin embargo, estuvo presa apenas cinco días. Pereyra y Álvarez, en cambio, padecieron estigma social, amenazas, violencia y la destrucción de sus carreras y vínculos personales.
Este episodio demuestra que la justicia, bajo el manto de la “perspectiva de género”, ha caído en un sesgo institucional intolerable: el de creer automáticamente a la denunciante, sin pruebas, mientras se pisotean los derechos de los acusados. Un dogma impulsado por el feminismo de tercera ola y slogans como “Yo te creo hermana”, que confunden arrepentimiento con violación y han convertido a la ley en un campo fértil para el abuso.
El Código Penal argentino casi no castiga la falsa denuncia, y aunque existen figuras como el falso testimonio agravado, rara vez se aplican. Este vacío legal, sumado a la ideología de género que domina los tribunales, genera un escenario donde la palabra de una mujer puede destruir la vida de un hombre inocente sin consecuencias reales para la mentirosa.
La derogación de esta ley sesgada y peligrosa no es una opción: es una necesidad urgente para restablecer el principio básico de todo Estado de Derecho, la presunción de inocencia. Sin ella, cada hombre en Argentina vive bajo la amenaza permanente de una falsa denuncia que puede costarle su libertad, su honor y su futuro.
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