Caso Juez Petris: piden su suspensión y elevación al Tribunal de Enjuiciamiento.
El expediente se originó a raíz de una investigación periodística exclusiva de ChubutOnline, cuyos hallazgos motivaron la denuncia y dieron inicio al proceso de investigación formal en el Consejo de La Magistratura y en la justicia penal.
La investigación sobre serias irregularidades en el entorno del juez Claudio Alejandro Petris entró en una etapa decisiva. La consejera instructora del Consejo de la Magistratura, Lic. Mabel del Mármol, presentó su dictamen final, en el que solicita que la causa sea elevada al Tribunal de Enjuiciamiento y que se disponga la suspensión preventiva del magistrado mientras dure el proceso, al considerar que existen elementos suficientes para avanzar con el procedimiento disciplinario.
El expediente se originó a partir de una denuncia formulada por el Fiscal de Estado, Dr. Andrés Meizner, basada en una investigación periodística de ChubutOnline. La causa fue instruida por el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de evaluar la conducta y desempeño de los jueces provinciales.
Lo actuado marca un punto de inflexión en un expediente que ha generado tensión dentro del ámbito judicial y fuerte repercusión política, por las implicancias institucionales que tendría una eventual sanción. Con el pedido de elevación y suspensión, el caso ingresa en su etapa final antes de la intervención del Tribunal de Enjuiciamiento, encargado de determinar si corresponde la remoción del magistrado.
Análisis del Consejo y próximas instancias
Fuentes consultadas indicaron que la decisión será analizada en la próxima sesión plenaria, donde se resolverá si se hace lugar al pedido de la sumariante y se da curso formal al proceso ante el Tribunal. Según trascendió, la consejera considera acreditadas conductas que podrían configurar faltas graves en el desempeño de Petris, lo que justificaría su pase al Tribunal de Enjuiciamiento.
Si la solicitud prospera, el juez quedará suspendido en el cargo hasta que el Tribunal dicte su veredicto, marcando un precedente de transparencia y firmeza institucional frente a cuestionamientos sobre el funcionamiento del Poder Judicial.
Hechos investigados y pruebas reunidas
Según el dictamen, los hechos investigados son de extrema gravedad institucional y refieren a conductas incompatibles con el ejercicio de la función judicial. Entre los aspectos más relevantes que la sumariante consideró acreditados se destacan:
- Incompatibilidad del cargo con el ejercicio del comercio, como causal de mal desempeño.
- Enriquecimiento patrimonial y maniobras financieras irregulares, incluyendo el ocultamiento de inmuebles registrados a nombre del magistrado, de familiares directos y de presuntos testaferros, utilizados para inscribir bienes y disimular su verdadero patrimonio.
- Omisión del deber de excusación, como causal de mal desempeño. Se denunció abuso de poder y conflicto de intereses, al haber intervenido en una causa judicial sin haberse excusado, pese a mantener amistad con una de las partes, lo que configuraría una violación a los deberes de imparcialidad y ética judicial.
De acuerdo con otras fuentes consultadas, la sumariante entendió que las pruebas reunidas durante la instrucción —informes patrimoniales, testimonios y documentación registral— resultan suficientes para que el caso sea analizado por el Tribunal de Enjuiciamiento, que tiene la facultad de determinar la responsabilidad del magistrado y, eventualmente, su destitución.
El caso del Mini Cooper y el uso de terceros
Uno de los datos más significativos que surgieron durante la instrucción fue el Mini Cooper vinculado al juez Petris. Según la consejera instructora, Lic. Mabel del Mármol, “la prueba demuestra la cadena de titularidad mencionada en la denuncia: quien figuró como titular del Mini Cooper desde el año 2017 hasta el 2022 —y otorgó autorización a conducir al Dr. Petris— obtuvo un beneficio para litigar sin gastos por su manifiesta carencia de bienes en el año 2021/2022.”
La instructora agregó: “Ante este hecho probado y documentado, ¿qué concluiría un observador razonable al saber que un Juez de Cámara utiliza un vehículo de alta gama cuya titularidad estaba en cabeza de una persona en situación de vulnerabilidad económica, y que además su anterior dueño fue una de las partes involucradas en una causa de alimentos en la que intervino como juez de Cámara? La respuesta sugiere una maniobra de ocultamiento patrimonial que no solo es éticamente reprochable, sino que denota un eventual abuso de poder.”
Este episodio, detalladamente documentado, se suma a los otros elementos que conforman el expediente y refuerza las sospechas sobre el manejo patrimonial del magistrado y la existencia de posibles conflictos de intereses en su actuación judicial.
Consideraciones sobre las denuncias de índole penal y el impacto en la confianza pública
En su informe, la consejera sumariante subraya que aunque no se analizaron aspectos relacionados con conductas penales, las denuncias de extrema gravedad formuladas —que podrían tener relevancia en ese ámbito— afectan la base misma de la autoridad judicial y la confianza y credibilidad que los magistrados y el Poder Judicial deben inspirar en la sociedad.
Según el dictamen: “Este criterio es fundamental. La sociedad no sólo exige jueces probos, sino también que su conducta no genere ninguna duda razonable sobre su integridad.”
Este apartado refuerza la idea de que las irregularidades atribuidas al juez Petris trascienden lo administrativo o disciplinario, y que incluso la apariencia de falta de ética o transparencia puede minar la legitimidad del sistema judicial ante la ciudadanía.
Investigación penal paralela y expectativa de novedades
Paralelamente al proceso disciplinario, el Ministerio Público Fiscal, a cargo del Dr. Olazábal, se encuentra investigando la posible comisión de delitos vinculados al caso Petris. Aunque rige un alto grado de hermetismo sobre el avance de la causa, fuentes cercanas indicaron que el fiscal ha asumido la investigación con total responsabilidad y dedicación, siguiendo los procedimientos correspondientes para garantizar su rigurosidad.
Se espera que, en el corto plazo, se difundan novedades sobre el estado de la pesquisa, que podrían complementar o ampliar los hallazgos del Consejo de la Magistratura y aportar claridad sobre eventuales responsabilidades penales del magistrado.
Ir hasta las últimas consecuencias
El caso Petris representa un desafío decisivo para la transparencia y la credibilidad del Poder Judicial. Frente a las pruebas documentadas, así como la investigación penal en curso, no hay margen para medias tintas.
Como subraya el dictamen de la sumariante, la sociedad exige jueces probos y un sistema judicial que inspire absoluta confianza. Por ello, el proceso disciplinario y la investigación penal deben llevarse adelante hasta las últimas consecuencias, asegurando que los responsables rindan cuentas por sus actos, sin que influya ninguna estrategia dilatoria o maniobra de encubrimiento.
Este caso se perfila como un ejemplo contundente de la necesidad de ética, transparencia y firmeza institucional, y marcará un precedente sobre cómo la justicia se autocontrola y protege la confianza pública.-
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