La justicia frenó la maniobra de Esquel y Trevelin que forzaba el cobro de tasas municipales a través de la Cooperativa de Servicios Públicos 16 de Octubre.
En una contundente decisión judicial, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, puso límite a una práctica abusiva: las municipalidades de Esquel y Trevelin habían impuesto a la Cooperativa 16 de Octubre la obligación de incluir tasas municipales y contribuciones a terceros en las boletas de servicios esenciales, como la electricidad. El verdadero objetivo de esta maniobra no era otro que garantizar la recaudación a cualquier costo, incluso utilizando métodos extorsivos contra los propios vecinos.
Una estrategia abusiva impuesta hace tiempo
La estrategia que lleva años, diseñada por intendentes locales anteriores, revela una profunda crisis de gestión: incapaces de administrar con eficiencia y reacios a iniciar acciones judiciales contra quienes no pagan impuestos —por temor a la erosión de su imagen política—, optaron por tercerizar el «castigo» en la cooperativa. Así, quien no pagara la tasa municipal en su factura de luz, corría el riesgo de quedarse sin electricidad, pese a haber cumplido con el consumo de energía. Una política de populismo recaudatorio disfrazada de «facilidades administrativas».
La reciente resolución de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, luego confirmada por Otranto, expuso la ilegalidad de este mecanismo: no se puede fusionar el cobro de tasas municipales con servicios esenciales, vulnerando la Ley de Defensa del Consumidor y oscureciendo la información que reciben los usuarios. Cada servicio debe facturarse de manera clara, sin mezclar conceptos ajenos que terminan forzando pagos o exponiendo a sanciones injustas.
Un populismo que siempre paga el ciudadano
Este modelo de recaudación compulsiva muestra el costado más oscuro del populismo: gobernantes incapaces de cobrar legítimamente los impuestos municipales recurren a artilugios que trasladan el peso de su ineficiencia al vecino común. El problema de fondo no es solo la falta de transparencia, sino también la falta de voluntad política para construir un sistema fiscal justo y eficaz.
Lejos de proteger a los ciudadanos, los municipios buscaron blindar sus ingresos a través del miedo: «pagas todo o te cortamos la luz». Y todo ello mientras se sigue sosteniendo una planta de empleados municipales que en muchos casos es gigantesca, insustentable e injustificada, financiada con el esfuerzo forzado de los contribuyentes.
Cobros por servicios no prestados y fraudulentos
Un caso emblemático de este abuso fue el cobro de la tasa para la planta de tratamiento de residuos que, en los hechos, jamás funcionó correctamente y terminó envuelta en investigaciones judiciales por corrupción. Aun así, los vecinos seguían viendo en sus facturas montos exorbitantes por un servicio fantasma, bajo la amenaza de quedarse sin electricidad si no abonaban en término.
La preocupación legítima de los Bomberos, utilizada como escudo político
Es cierto que parte de lo recaudado iba destinado a los Bomberos Voluntarios, una institución esencial para la seguridad comunitaria. Sin embargo, la solidaridad no puede imponerse por la fuerza. No existen mecanismos claros de auditoría sobre el manejo de esos fondos, y la obligatoriedad del aporte, sin posibilidad de opción, transforma un acto voluntario de colaboración en una carga compulsiva.
La preocupación por el financiamiento de los bomberos, aunque real, no puede justificar una práctica que vulnera derechos básicos de los consumidores ni perpetuar un sistema opaco que beneficia principalmente a los municipios en su desesperada necesidad de ingresos.
Una oportunidad para construir ciudadanía
El fallo de la Justicia Federal no solo corrige una injusticia flagrante, sino que también abre una oportunidad para replantear el vínculo entre los ciudadanos y sus gobiernos locales. Es fundamental que los vecinos puedan pagar —o no— sus impuestos de manera libre y consciente, ejerciendo también su derecho a protestar cuando el dinero público es mal administrado.
La recaudación forzada no solo oculta la incompetencia para recaudar, sino que también impide la construcción de una ciudadanía activa y crítica, capaz de exigir cuentas a sus gobernantes.
Hoy, los municipios de Esquel y Trevelin tienen 90 días para encontrar un sistema de recaudación legítimo, transparente y respetuoso de los derechos de los vecinos. Ojalá no pierdan esta oportunidad de comenzar a hacer las cosas bien.
___________________________________________
No te olvides de seguirnos en nuestra nueva página de Facebook; somos el único medio independiente sin compromisos políticos con ningún partido. ¿Viste alguna vez un medio así? Entonces, ¿qué esperás para sumarte?
Deja una respuesta