La cuarta huelga general contra el gobierno de Javier Milei, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), dejó al descubierto la verdadera naturaleza de una medida de fuerza que, lejos de ser un reclamo legítimo de los trabajadores, se convirtió en una operación política de sindicalistas cuestionados para frenar el cambio que la sociedad votó en las urnas. El paro tuvo un acatamiento muy bajo en todo el país, y en provincias como Chubut fue un rotundo fracaso. Sin embargo, el impacto mediático y el caos buscado se lograron a través de una metodología extorsiva: la adhesión de unos pocos gremios del transporte que, cual piedra en el engranaje, impidieron que muchos argentinos que querían trabajar pudieran llegar a sus puestos.
La medida de fuerza por 24 horas, fue impulsada por una dirigencia sindical en decadencia, estrechamente vinculada al kirchnerismo más corrupto. La misma dirigencia que vio a su máxima jefa, Cristina Fernández de Kirchner, ser condenada por la justicia por delitos de corrupción en la causa Vialidad y que enfrenta múltiples procesamientos. Estos líderes gremiales, que viven en una burbuja de lujos desmedidos financiados con las cuotas de los afiliados, pretenden blindar sus privilegios y resistirse a las reformas laborales que buscan modernizar el país y generar empleo genuino. El modelo que ellos defienden fracasó y no presentaron un sólo proyecto para mejorarlo.
Mientras en el centro del país la CGT intentaba mostrar poder de fuego, en la Patagonia la realidad fue similar. En Chubut, el paro general tiene muy baja convocatoria. La adhesión de los trabajadores estatales y privados fue prácticamente nula, mostrando que la sociedad no acompaña más las medidas de fuerza que responden a intereses partidarios de una casta política en retirada. La provincia, que necesita producir y crecer, le dio la espalda a un paro que solo buscaba perjudicar al gobierno nacional.
A pesar de este desinterés generalizado, los efectos del paro se sintieron en Chubut de la misma manera extorsiva que en el resto del país. La falta de transporte urbano de pasajeros en varias localidades, debido a la presión de sindicatos como la UTA, dejó a muchos trabajadores a la deriva. Esta es la carta más sucia que juegan estos gremios: impiden el derecho a trabajar de quienes no quieren parar. No es un reclamo de los trabajadores, es un secuestro de la voluntad popular ejercida por unas pocas personas que controlan un servicio esencial.
A nivel nacional, el gobierno nacional avanzó con su plan de reformas. Mientras los líderes de Unión por la Patria, autoproclamados defensores de los derechos laborales, presentaban dictámenes en contra sin siquiera haber leído el proyecto de Ley, el oficialismo confiaba en alcanzar los votos necesarios en Diputados para sancionar la ley. La denominada «reforma laboral» busca, entre otras cosas, terminar con estos mecanismos de presión que toman de rehenes a millones de argentinos.
Mientras la dirigencia sindical kirchnerista, acostumbrada a los privilegios, defiende un statu quo que solo los beneficia a ellos, el país votó un cambio de rumbo. Este paro no fue más que el manotazo de ahogado de una vieja política que se niega a entender que la sociedad ya eligió un futuro diferente, con más libertad y menos extorsión. Chubut lo entendió y, con su bajo acatamiento, dijo presente en defensa del trabajo y la producción.
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