Mientras cualquier ciudadano común, acusado de un delito menor, es hacinado en celdas precarias y olvidadas por el sistema, Cristina Fernández de Kirchner disfruta de una prisión domiciliaria de cinco estrellas con un «control» electrónico que ni siquiera es capaz de determinar en qué piso del edificio se encuentra.
Un informe oficial, al que tuvo acceso este medio y que ya obra en el Tribunal Oral Federal 2, acaba de exponer la farsa del sistema de vigilancia al que está sometida la líder de Unión por la Patria. La Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica (DAPVE) reconoció sin ambages que la costosa tobillera que porta CFK no puede establecer con exactitud su ubicación dentro del inmueble de San José 1111. Es decir, el aparato no distingue si está en su departamento, tomando sol en la terraza, recorriendo un pasillo o, incluso, visitando a un vecino en otro piso. La tecnología, que promete ser infalible, es en la práctica un colador que genera una falsa sensación de seguridad jurídica.
El informe detalla que, para la tecnología GPS de la exmandataria, el edificio es una única mancha geográfica. La localización que arroja el sistema corresponde al inmueble o a sus «inmediaciones», sin discriminar espacios internos. Esto implica que, si la imputada por los delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública decidiera pasar la tarde en la terraza, como ya lo ha hecho en tres ocasiones según el propio informe (los días 9, 10 y 30 de marzo), el sistema no lo detecta como una violación del perímetro, sino como un simple evento.
Es necesario preguntarse: ¿cómo es posible que una persona condenada por corrupción tenga un régimen de «casa por cárcel» tan laxo que le permite deambular por zonas comunes? La respuesta es simple: el Estado argentino, en su afán de privilegiar a los poderosos, ha montado un sistema a medida para CFK que cualquier otro preso común en el país envidiaría. Mientras un delincuente común debe soportar el hacinamiento, la violencia y la falta de higiene en una penitenciaría, Cristina Kirchner se pasea por su edificio con una pulsera que es más un accesorio de moda que un instrumento de control efectivo.
El sistema de «cerca virtual»: una coartada para el privilegio
El mecanismo de control se basa en una tobillera de radiofrecuencia que se comunica con una unidad fija en su departamento. Esta configura una «cerca virtual» que, cuando se rompe, activa una alerta. Suena bien en el papel, pero el «perímetro fijado» es tan amplio que abarca todo el edificio y sus inmediaciones. Los propios técnicos de la DAPVE admiten que cualquier egreso del departamento queda registrado como un «evento», sin importar si fue al lavadero del subsuelo o a la terraza del último piso. El sistema no puede diferenciar entre un traslado permitido y uno prohibido, lo que deja un margen de maniobra enorme.
Este informe no solo revela la imprecisión técnica, sino que confirma la complicidad pasiva de un Estado que permite esta situación. La realidad es que con el dinero que se gasta en el mantenimiento de este sistema de vigilancia electrónica de lujo, se podrían construir decenas de plazas en penales de máxima seguridad para albergar a delincuentes comunes.
Las tres salidas a la terraza que el informe admite (32 minutos, 18 minutos y 10 minutos) son un acto de burla. No se trata de un error técnico; es una demostración de poder. CFK, al salir a la terraza, está diciéndole a la sociedad que las reglas no aplican para ella, que el sistema está comprado o es tan ineficiente que permite estos «paseos» sin consecuencias. Es una humillación diaria a los argentinos que pagan sus sueldos y, peor aún, pagan el costo de su detención domiciliaria premium.
El informe es lapidario: la tecnología es incapaz de establecer si la reclusa está en el departamento, en la terraza, en un pasillo, en una escalera o en otro piso. Ante esta confesión de parte, la Justicia debería actuar con la contundencia que no tuvo hasta ahora. No se puede tolerar que el símbolo máximo de la corrupción kirchnerista tenga un trato VIP mientras la inseguridad y el hacinamiento carcelario son moneda corriente en el resto del país.
Es hora de que los argentinos abran los ojos y exijan el fin de este privilegio inadmisible. Cristina Kirchner debe ser tratada como cualquier otro ciudadano condenado por la Justicia, sin los lujos y los beneficios que le otorga un sistema que, como demuestra este informe, es una farsa.
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