El Cartel Jalisco Nueva Generación se instaló en Buenos Aires durante el kirchnerismo para lavar millones. Un choque casual en Puerto Madero destapó la operación de los cuñados de «El Mencho», quienes vivieron con lujo y total impunidad mientras el gobierno miraba hacia otro lado.
La imagen de un choque automovilístico en el exclusivo barrio de Puerto Madero suele ser una anécdota menor en una gran ciudad. Sin embargo, en 2009, un accidente protagonizado por tres mexicanos se convirtió en la llave que abrió la puerta a una de las historias más oscuras de la negligencia estatal argentina: el desembarco del temido Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que siguió no fue solo el intento de lavado de millones de dólares provenientes del narco, sino la constatación de un territorio fértil para el crimen organizado, gracias a una política de puertas abiertas y nula vigilancia.
Un choque que destapó un imperio
Todo comenzó cuando un oficial de la Prefectura intervino en una pelea tras un choque en Puerto Madero. Los mexicanos, lejos de amedrentarse, confrontaron a la autoridad y luego se fueron. El instinto del prefecto al anotar la patente desencadenó una investigación fiscal que reveló una trama mucho mayor: el auto pertenecía a una empresa fantasma, creada en el conurbano bonaerense y presidida por un taxista de escasos recursos. Este modus operandi, grotescamente simple, fue la puerta de entrada para que la fiscalía de Morón descubriera que esos hombres eran la avanzada de Gerardo González Valencia, cuñado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del CJNG.
La organización mexicana, lejos de esconderse en las sombras, operó con una soberbia que solo la impunidad garantiza. A través de la empresa Círculo Internacional S.A., los narcos invirtieron millones de dólares para abrir una cadena de supermercados al estilo 7-Eleven. El primer local, bautizado «Corner Mi Lugar», se inauguró en el corazón de Puerto Madero, el barrio más cotizado de la ciudad, con una inversión que rondó los 2.5 millones de dólares. La fachada era la de un negocio legítimo, pero detrás de las estanterías se escondía el brazo financiero de uno de los carteles más sanguinarios del planeta, Los Cuinis.
El kirchnerismo: una Argentina de parques temáticos para el narco
Mientras los González Valencia vivían a cuerpo de rey en Puerto Madero, enviaban a sus hijos a prestigiosos colegios y pagaban costosos alquileres en efectivo, el gobierno de Cristina Kirchner hacía gala de una permisividad que rayaba en la complicidad. El país se había convertido en un parque temático para narcotraficantes, donde el blindaje jurídico y la falta de controles permitían que familias enteras del crimen organizado se instalaran sin ser molestadas. Lejos de existir una política de seguridad de Estado, la gestión kirchnerista se caracterizó por desmantelar fuerzas de control y mirar para otro lado mientras el dinero sucio engrasaba la economía.
La banda operó sin sobresaltos hasta que, sintiendo la presión o cumpliendo su ciclo, decidieron escapar. Vendieron sus propiedades y desaparecieron tan rápido como llegaron, dejando compradores sin posibilidad de pagarles y una estela de preguntas sin responder. El clan González Valencia se mudó a Uruguay, donde continuó su vida de lujos en una mansión en Punta del Este, asesorados nada menos que por la firma Mossack Fonseca —la de los Panama Papers— para seguir lavando dinero a través de offshore. Fue allí, recién en 2016, que fueron detenidos y posteriormente extraditados a Estados Unidos, donde Gerardo González Valencia fue condenado a cadena perpetua.
El relato de la impunidad
El fiscal Sebastián Basso, que llevó adelante la investigación, detalló cómo la casualidad y el trabajo de la justicia de Morón lograron atar cabos que el poder político había decidido ignorar. La historia de los testaferros argentinos, como el taxista que figuraba como presidente de la empresa o el enlace local que vivió en Guadalajara, es la historia de cómo el crimen organizado explota las miserias y la falta de oportunidades. Pero también es la historia de cómo un Estado ausente permite que sus ciudadanos más vulnerables sean usados como fichas en un tablero global de narcotráfico.
La presencia del CJNG en Argentina no fue un hecho aislado ni una casualidad. Fue la consecuencia directa de años de desidia, de políticas que minimizaron la amenaza del narcotráfico y de un gobierno que prefirió mirar el precio de los dólares paralelos antes que quién los traía. Hoy, mientras los líderes de esta célula narco cumplen cadena perpetua en EE.UU., la pregunta que sobrevuela es cuántas otras organizaciones hicieron y hacen lo mismo en un país que, durante años, fue tierra de nadie para los dueños de la muerte.
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