Una mujer serial fue condenada en Córdoba por usar denuncias falsas de violencia de género para encarcelar hombres. Un caso que cuestiona el abuso de las leyes protectoras.
No se trata de la Fiscalía de Esquel, en donde se pregonan ideologías de género en contra de los hombres, sino de otra provincia donde la fiscalía parece actuar de manera correcta poniendo a cada cual en su lugar. Vergonzosamente, en Esquel se toma a la palabra de cualquier mujer denunciante como «palabra santa», y sin prueba alguna, ni el más mínimo atisbo de veracidad en el relato, la fiscalía reprime a los hombres de diversas maneras que destruyen sus vidas. Tampoco inicia acciones penales por falsas denuncias radicadas por mujeres delincuentes. El caso de Córdoba tuvo un final feliz, gracias a un video casual que demostró la inocencia del denunciado.
Si la inocencia de los hombres dependen de videos casuales, entonces puede ser que ello sea el motivo por el cual la fiscalía de Esquel se jacta de las acciones legales que emprende contra hombres.
El reciente fallo de un tribunal de Córdoba ha puesto un reflector inquietante sobre una peligrosa perversión de las leyes diseñadas para proteger a las mujeres. Sara Emilia “La China” Miranda fue condenada a más de tres años de prisión efectiva, no por ser víctima, sino por ser victimaria. Su herramienta predilecta: denuncias falsas de violencia de género, un arma que empleó de manera sistemática para dañar a hombres, logrando incluso su detención arbitraria.
Este caso emblemático desnuda una cruda realidad: el género no convierte a nadie en una persona virtuosa, y la maldad o la delincuencia son independientes de si se es hombre o mujer. Las leyes de género pueden ser manipuladas como un instrumento de coacción y venganza personal, con consecuencias devastadoras para inocentes.
Estos casos son los que demuestran que las leyes de género deben ser derogadas.
El Mecanismo del Engaño
La última víctima de Miranda fue un funcionario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Tras una disputa vecinal, ella lo acusó falsamente de abuso sexual y agresión con arma blanca. La denuncia, tomada sin la debida verificación inicial, resultó en su detención inmediata y cinco días tras las rejas. Su vida y carrera estuvieron al borde del abismo.
Su salvación llegó de forma casi milagrosa: un video anónimo grabado por un vecino atemorizado demostró que la escena del «robo» había sido completamente montada. La evidencia fue crucial para que su defensor, el abogado Juan Pablo Rubio, lograra revertir la situación. La libertad del hombre recuperada, la investigación dio un giro y se dirigió hacia la verdadera autora del entramado.
Un Patrón Reiterado de Abuso Judicial
La investigación del fiscal Juan Pablo Klinger reveló que este no era un hecho aislado. Miranda tenía antecedentes por utilizar el mismo guion: simular agresiones, correr a la comisaría para ser la primera en denunciar y así, «ganar» la credibilidad inicial, logrando la detención preventiva del acusado.
Incluso en una causa anterior por estafas, había denunciado por violencia de género a su propia pareja, amenazándolo con sus «contactos en la Justicia». En aquella oportunidad, el vocal Gustavo Reinaldi ya le había advertido que el sistema de protección «no debía utilizarse para esos fines» y que dañaba la lucha genuina de las víctimas reales.
Cuando la Protección se Transforma en Abuso
La condena a Miranda es un correctivo necesario, pero expone una grieta alarmante. Abogados y fiscales consultados coinciden en que este tipo de casos, aunque sean minoritarios, generan un daño colosal. Por un lado, destruyen la vida de hombres inocentes, manchan su honor, les cuestan la libertad y su sustento. Por otro, erosionan gravemente la credibilidad de las verdaderas víctimas de violencia de género, sembrando la sombra de la duda sobre denuncias legítimas y desvirtuando la esencia de leyes urgentes.
Este caso obliga a una reflexión profunda sobre los protocolos de actuación. La presunción de veracidad, principio vital para no revictimizar, no puede convertirse en una presunción automática de culpabilidad para el denunciado. Se requiere una investigación imparcial y diligente desde el primer momento, que proteja a la posible víctima sin anular los derechos básicos del posible acusado.
La justicia debe ser ciega al género. Su único objetivo debe ser la verdad. El lamentable caso de «La China» Miranda es una advertencia de lo que ocurre cuando un marco legal sensible se transforma, en manos inescrupulosas, en un manual para la injusticia.
La necesidad de derogar las «Leyes de género»
El populismo mediocre kirchnerista que arruinó las vidas de los argentinos, no sólo rondó en cuestiones económicas y de corrupción, sino en crear escenarios de fantasía judicial para encarcelar a todo aquel que fuera en contra de los abusos pretendidos por mujeres ideológicamente ligadas al movimiento político.
En ese contexto sancionaron leyes que supuestamente pretendían defender a las mujeres y personas con disforia de género, pero terminaron implementando un sistema perverso en donde cualquier mujer puede denunciar cualquier cosa en contra de un hombre, y la justicia debe actuar directamente en contra del hombre, sin siquiera el más mínimo retraso y sin cuestionar la veracidad de la denuncia.
Esto no sólo atenta contra el principio de inocencia, sino también contra la igualdad ante la ley y el debido proceso.
Pero lo más preocupante es la actitud miserable de algunas fiscalías, que, ideologizadas, son las actoras necesarias para que reine la desigualdad del derecho, se viole el principio de inocencia y se destruyan las vidas de personas por «el pecado» de haber nacido hombres.
En épocas de cambios, no sólo es necesario un cambio de leyes, sino una erradicación del sistema judicial de todos y cada uno de los ficales que, mediante imperio de ideologías, permitieron que se abuse de inocentes.
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