En un país donde las condenas por corrupción suelen naufragar en el océano de la impunidad, la Causa Vialidad representa un hecho de enorme relevancia institucional: la exvicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por corrupción, y ahora el Estado se encuentra en pleno proceso de ejecutar el decomiso de los bienes adquiridos con dinero malhabido.
El plazo para que los nueve condenados, incluida la exmandataria, abonaran los USD 537 millones (unos 684 mil millones de pesos) expiró esta mañana sin que se pagara un solo centavo. Entre los condenados figuran nombres emblemáticos de la corrupción kirchnerista, como Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti. El Tribunal Oral Federal N.º 2 está en condiciones de rematar sus bienes para comenzar el recupero del botín sustraído al erario público.
Este paso no es menor: en la historia judicial argentina, los casos de corrupción rara vez se traducen en acciones concretas para recuperar el dinero robado. En este sentido, la decisión de avanzar con el remate de bienes es un hito que debería celebrarse como un triunfo de la justicia y un ejemplo para las futuras generaciones, aún cuando la condena fue poca y sus condiciones de privación de la libertad son una burla a la sociedad por los privilegios que exhibe.
Sin embargo, como si se tratara de una repetición del viejo libreto, Cristina Kirchner continúa maniobrando para frenar la acción judicial. A través de su abogado, pidió la suspensión del decomiso, cuestionó los cálculos periciales y solicitó que el caso pase a otra jurisdicción. Sus argumentos, en línea con su histórica estrategia de victimización, buscan dilatar los tiempos y evitar que el Estado se apropie de los bienes que —según la Justicia— fueron obtenidos mediante fraude y corrupción.
La defensa de la expresidenta intenta desacreditar el trabajo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, así como la actualización del monto efectuada por peritos de la Corte Suprema, que fijó la suma en 684 mil millones de pesos ajustados por inflación. El objetivo es reducir drásticamente la cifra o, directamente, impedir que se ejecute la sentencia en este tramo clave: el de la recuperación patrimonial.
En un país donde por décadas los corruptos se han retirado de la política millonarios e impunes, la posibilidad de que el Estado logre devolver parte de lo robado al pueblo es un hecho inédito y esperanzador. No se trata sólo de castigar, sino de reparar el daño causado. Y para que eso suceda, es fundamental que la Justicia no ceda ante las presiones políticas ni las maniobras dilatorias de quien, a pesar de la condena, todavía conserva poder e influencia.
La causa Vialidad ya marcó un antes y un después en materia de responsabilidad penal de los altos funcionarios. Ahora, el desafío es que también marque un hito en la recuperación del dinero robado. Porque la verdadera victoria contra la corrupción no se alcanza solo con una condena, sino con la devolución al Estado de cada peso saqueado.
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