La Corte Suprema rechazó la recusación de Cristina Kirchner contra Lorenzetti en la causa Vialidad. Su condena podría quedar firme antes del 19 de julio.
El último revés judicial de Cristina Kirchner: La Corte acelera la definición de su condena
La Corte Suprema de Justicia de la Nación acaba de asestarle un golpe decisivo a la estrategia judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Al rechazar sin tratamiento formal la recusación presentada por la expresidenta contra el juez Ricardo Lorenzetti en la causa Vialidad, el máximo tribunal no solo despejó el camino para una definición inminente del caso, sino que también desactivó una jugada política que intentaba instalar la figura de la persecución judicial.
El fallo, firmado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el propio Lorenzetti, fue contundente: la recusación fue considerada extemporánea, carente de fundamentos jurídicos válidos y basada en suposiciones no comprobables. En otras palabras, un intento más por dilatar los tiempos y embarrar el terreno, esta vez sin éxito.
El trasfondo de esta decisión es mucho más que un tecnicismo jurídico. Si la Corte Suprema confirma la condena a seis años de prisión por administración fraudulenta, y eventualmente da lugar al pedido de la Procuración para agravarla a doce años por asociación ilícita —tal como reclamaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola—, Cristina Kirchner quedará inhabilitada para ocupar cargos públicos. Y lo más relevante: esto podría suceder antes del 19 de julio, fecha límite para oficializar candidaturas legislativas. En ese escenario, la expresidenta no podría ser candidata.
Desde el Partido Justicialista se intentó disfrazar la recusación como un acto de defensa democrática, cuando en realidad fue una maniobra con escaso sustento legal y alta carga simbólica. El abogado de Cristina, Alberto Beraldi, anunció la recusación en conferencia de prensa desde la sede del PJ, como si la causa Vialidad fuese una persecución a la oposición y no un proceso judicial por hechos concretos de corrupción.
La Corte, sin embargo, fue tajante. Recordó que la recusación con causa es un mecanismo excepcional, que debe presentarse en plazos estrictos y con pruebas objetivas. Nada de eso se cumplió en este caso. Las declaraciones de Lorenzetti que la defensa consideró ofensivas fueron anteriores al recurso extraordinario, y otras surgieron semanas antes de la recusación formal. Incluso las alusiones a comentarios de la senadora Fernández Sagasti —que se invocaron para argumentar una supuesta presión mediática o política— carecen de cualquier nexo legal que justifique la falta de imparcialidad del magistrado.
Más allá de los tecnicismos, el mensaje de la Corte es claro: no se puede manosear el funcionamiento de la Justicia con argumentos políticos endebles. El intento de transformar un fallo judicial en una narrativa de víctima política ya no convence, al menos no dentro del ámbito institucional que debe velar por la legalidad y el debido proceso.
La expresidenta se encuentra ahora frente a un escenario adverso y posiblemente definitivo. El tiempo corre, y con esta decisión, la Corte despeja el último obstáculo formal para pronunciarse sobre la condena. Si el fallo llega antes del 19 de julio y es ratificado, Cristina Kirchner no solo enfrentará la posibilidad de ir a prisión, sino que también quedará excluida de cualquier posibilidad electoral en el futuro inmediato.
En un país donde la impunidad ha sido muchas veces regla, lo que está en juego no es solo el destino de una figura política icónica, sino también la credibilidad de una Justicia que busca recuperar terreno ante la mirada crítica de la sociedad. La historia está por escribirse, y esta vez, sin recusaciones que frenen la pluma.
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