El Gobierno crea la Oficina de Bienes Recuperados para administrar y explotar bienes decomisados al crimen organizado, fortaleciendo la justicia.
En un movimiento histórico contra las finanzas ilegales, el Gobierno nacional puso en marcha la Oficina de Bienes Recuperados, un organismo especializado en la administración de bienes decomisados del crimen organizado. Su creación, establecida por el Decreto 582/2025, representa un cambio profundo en la estrategia de recupero patrimonial del Estado argentino.
Esta nueva Oficina de Bienes Recuperados, dependiente del Ministerio de Justicia, tendrá la misión de identificar, registrar, inventariar, valuar, custodiar y administrar todos los bienes provenientes de actividades ilícitas que hayan sido confiscados en procesos penales de competencia nacional y federal. La medida busca transformar esos activos –desde propiedades y vehículos hasta cuentas bancarias y dinero en efectivo– en recursos estratégicos para el desarrollo de políticas públicas.
El alcance de esta política es doble: por un lado, golpea el corazón financiero del crimen organizado al privarlo de sus ganancias ilegales; por otro, garantiza que cada activo recuperado se convierta en beneficio concreto para el Estado y, por ende, para la ciudadanía.
Hasta ahora, el manejo de los bienes decomisados se encontraba limitado por estructuras con poca capacidad operativa. Entre 2012 y 2023, el Registro Nacional de Bienes Secuestrados documentó más de 3.200 bienes recuperados, pero sin la posibilidad real de administrarlos o explotarlos de forma eficiente. La creación de la Oficina de Bienes Recuperados busca cerrar ese vacío, aportando personal capacitado, mecanismos de coordinación interinstitucional y un marco legal claro para la disposición de esos activos.
El organismo trabajará junto al Poder Judicial y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), coordinando la explotación comercial, la venta o la reutilización de bienes recuperados. Esto incluye desde la subasta de autos de lujo decomisados hasta la cesión de inmuebles para fines sociales o estatales.
La experiencia internacional respalda la iniciativa. Países como Estados Unidos, Italia, Francia y España cuentan con agencias de bienes recuperados que han multiplicado la eficacia de los decomisos y han incrementado su valor económico para el Estado. Argentina busca replicar este modelo, adaptándolo a sus particularidades jurídicas y sociales.
La Oficina de Bienes Recuperados será, además, un mecanismo de prevención y disuasión. Enviar un mensaje claro: quien se enriquezca con el delito no podrá disfrutar de sus bienes. Cada incautación, cada subasta y cada reutilización de bienes ilícitos será un recordatorio visible de que el crimen no paga.
Sin embargo, el verdadero éxito de esta política dependerá de su transparencia y control público. Una gestión opaca o burocrática podría diluir el impacto que se busca. Por eso, la Oficina deberá rendir cuentas periódicamente al Ministerio de Justicia y al Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional, informando con detalle el destino de cada bien administrado.
Si se aplica con la eficiencia y la integridad prometidas, la Oficina de Bienes Recuperados no solo fortalecerá la política criminal argentina, sino que también se convertirá en una poderosa herramienta de justicia económica, capaz de revertir el destino del dinero sucio y transformarlo en inversión pública para beneficio de todos.
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