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Corte Suprema habilita nuevo juicio por enriquecimiento ilícito a exfuncionario de Chubut

La Corte Suprema de Justicia habilitó un nuevo juicio contra Leonardo Aquilanti por enriquecimiento ilícito, desestimando el recurso de su defensa y permitiendo que se reactive el proceso en los tribunales de Chubut.

El máximo tribunal, con las firmas de sus miembros, rechazó un planteo técnico presentado por la defensa y así despejó el camino para un nuevo debate oral en la provincia.

Aquilanti, exfuncionario con cargos de relevancia en la administración pública chubutense, enfrenta una causa surgida por diferencias entre su patrimonio declarado y sus ingresos legales como funcionario.

En el primer juicio, realizado en 2013, él y su esposa fueron absueltos bajo el principio del “beneficio de la duda”. Sin embargo, en marzo de 2024, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut anuló esa absolución para Aquilanti, al considerar que la valoración de las pruebas había sido deficiente.

El STJ cuestionó que la sentencia absolutoria había sobrevalorado las justificaciones presentadas por la defensa y una pericia contable favorable, mientras que se restó importancia a documentación clave aportada por la fiscalía. Además, señaló que bienes y movimientos económicos no bancarizados no fueron considerados, a pesar de su relevancia en una investigación de este tipo.

Con esa resolución, el proceso debía comenzar nuevamente, con un nuevo tribunal y una revisión integral de la prueba. Pero el inicio del nuevo juicio quedó suspendido a la espera de que la Corte Suprema resolviera un recurso extraordinario presentado por la defensa.

La reciente decisión del máximo tribunal puso fin a esa espera. Al desestimar el planteo, confirmó la validez de lo resuelto por el STJ y habilitó la reanudación del proceso. Ahora se espera la designación de un nuevo tribunal y la fijación de la fecha del juicio oral.

La defensa de Aquilanti deberá reconfigurar su estrategia, mientras que la fiscalía tendrá una nueva oportunidad de demostrar la existencia de enriquecimiento ilícito siguiendo los criterios probatorios señalados por el tribunal superior.

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