Los sobornos pagados a cambio de adjudicar la remodelación del Centro Cultural Néstor Kirchner —denunciados en la Causa Cuadernos— revelan un entramado de cohechos, corrupción estructural e impunidad que aún hoy sacude la política argentina.
Desde diciembre de 2008, una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por ESUCO S.A. y RIVA S.A. se hizo con la adjudicación para reciclar y remodelar el antiguo Palacio de Correos en pleno centro porteño —obra valuada en unos $925.788.107,96. La fiscalía sostiene que esa adjudicación estaba condicionada al pago de sobornos por parte del empresario Carlos Wagner, entonces presidente de ESUCO y de la Cámara de la Construcción.
Según el expediente elevado a juicio, Wagner habría entregado múltiples bolsos con dinero —uno con un millón de dólares, otro con medio millón— en fechas distribuidas entre 2010 y 2015. Los pagos, según consta en los cuadernos del remisero que documentó los traslados, tenían como destino final la familia Kirchner. Esa coima millonaria, se afirma, permitió que la UTE resultara adjudicataria.
Durante las audiencias de la cuarta jornada del juicio, la fiscalía subrayó que estos pagos respondían a un mecanismo sistemático: las empresas beneficiarias de obras públicas debían devolver un 10 %–20 % del monto adjudicado como “anticipo financiero”. Un esquema de corrupción sistematizado y encubierto bajo contratos de remodelación.
El rol del ex secretario de Obras Públicas José López también fue apuntado. Declaró que él manejó la licitación del CCK y que la UTE de Wagner ganó aun cuando había fuerte competencia, dudas sobre el financiamiento y críticas sobre su carácter “faraónico”. Según su versión, la concesión fue decidida políticamente, no por méritos técnicos.
Para la fiscalía, estos hechos configuran la operación de una red criminal organizada desde el Estado, con ramificaciones de poder, empresas constructoras y sobornos sistemáticos. Entre los acusados figuran directivos, ex funcionarios y ex miembros de la dirigencia del sector de la construcción.
Este caso no solo reaviva el debate sobre la corrupción en la obra pública, sino también sobre la impunidad de los poderosos y la necesidad de controles reales. Si la justicia confirma las acusaciones, la reparación —monetaria y moral— deberá ser profunda.
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