Alberto Fernández fue procesado por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, acusado de favorecer contratos de seguros estatales con allegados. La Cámara Federal confirmó la medida, lo que aumenta la presión judicial sobre el expresidente y lo acerca al juicio oral.
El tribunal determinó que Fernández intervino para beneficiar al bróker Héctor Martínez Sosa, esposo de su ex secretaria privada, en un entramado de contrataciones vinculadas a Nación Seguros. Según la investigación, mediante su cargo habría facilitado un sistema que otorgó negocios millonarios y comisiones desproporcionadas a su círculo cercano.
El expediente también analiza el decreto que obligó a los organismos estatales a contratar exclusivamente con Nación Seguros, lo que habría permitido concentrar pagos y vínculos comerciales en manos de un grupo reducido. De acuerdo con el fallo, más del 60% de las comisiones pagadas por la aseguradora estatal durante esa etapa habrían quedado en manos de firmas relacionadas con Martínez Sosa.
Los jueces confirmaron un embargo por 14.634 millones de pesos sobre los bienes de Fernández y mantuvieron la prohibición de salir del país sin autorización. La resolución deja al exmandatario a un paso de enfrentar un juicio oral y público.
Desde su entorno, Fernández sostiene que es víctima de una persecución política y que la acusación está basada en interpretaciones sin sustento técnico. Afirma que las decisiones cuestionadas respondían a criterios administrativos y no a beneficios personales. Su defensa presentó pedidos de nulidad y reclama que aún no fueron producidas pruebas clave ofrecidas en su descargo.
Mientras la causa avanza, el expresidente insiste en que no existió delito y que se trata de un proceso político disfrazado de judicial, aunque la Cámara Federal considera probados los elementos suficientes para sostener su procesamiento.
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