Desde un sorprendente 97 % en un relevamiento en la Justicia bonaerense, hasta los tribunales de Esquel en Chubut, el ingreso por parentesco, amiguismo o militancia se consolidó como ruta privilegiada al empleo público. Ese camino no solo desplaza la elegibilidad por capacidad: contamina todo el sistema de justicia y administración con favoritismos y falta de legitimidad.
Cuando los puestos no se ganan por méritos, exámenes o trayectoria, sino por quién conoce a quién, toda la estructura estatal se deteriora. Se genera una red invisible de compromisos, lealtades personales y favores cruzados que corrompe la esencia del servicio público. Ya no importa la competencia: lo esencial es “entrar por acomodo”. Y quien accede empieza a reclamar derechos laborales y estabilidad, escudado en el amparo estatal, aun cuando carece de idoneidad.
Esta práctica no es una distorsión menor, ni un fenómeno aislado de Buenos Aires. Es una deformación estructural que atraviesa múltiples provincias. En jurisdicciones como la de Chubut —y tribunales como los de Esquel—, se repite ese patrón: la “entrada por contrato” de allegados a funcionarios, amigos de fiscales, personas sin trayectoria demostrable. La Justicia deja de ser imparcial: se convierte en familia.
Hubo en otras etapas históricas intentos claros por profesionalizar el Estado. En los años 60 y 70, por ejemplo, organismos como el Banco Central o empresas públicas elegían personal técnico a través de concursos serios y financiaban su formación. Posteriormente, regímenes de estabilidad laboral eran acompañados por evaluación y mérito. Eso permitía construir una administración confiable, profesional y capaz. Pero gradualmente esos mecanismos fueron abandonándose.
Al Estado siempr lo dominó otra lógica: la del “botín político”. Cada político puso una tropa propia: militantes, amigos, familiares. Hoy está repleto de incompetentes sin mérito alguno. Al Estado lo conviertieron en un coto cerrado de privilegios. Se naturaliza la inamovilidad; se debilita la exigencia de resultados, competencias, responsabilidad ética. Y quienes ingresan no sienten que deben responder a los ciudadanos, sino únicamente a sus redes de poder.
Este modelo insufla un cáncer institucional: funcionarios menos preparados, decisiones menos transparentes, menos eficiencia, menos confianza. El resultado es un Estado débil, una Justicia teñida por intereses, y ciudadanos que pierden fe en sus instituciones.
Ni engordar al Estado ni desmantelarlo: lo que urge hoy es jerarquizarlo, con concursos abiertos, selección por méritos, transparencia real y estándares profesionales serios. Solo así podrá dejar de ser refugio de parientes y militantes, y volver a ser servicio del ciudadano.
Pero para que el estado verdaderamente funcione hay que limpiarlo de acomodoados. Todo aquel que ingresó sin concurso o por concursos fraudulentos debería dejar su cargo, ya que nunca se ganó el derecho a estabilidad en el cargo.
El camino es claro, aunque cuesta asumirlo: un Estado moderno —eficiente, transparente y justo— no se construye con favores. Se construye con talento, competencia y compromiso con la ciudadanía.
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