En la provincia de Chubut se abrió el camino para que los ciudadanos decidan en referéndum si eliminan los fueros que hoy protegen a jueces, políticos y sindicalistas, un reclamo social urgente frente a décadas de privilegios que impidieron investigar casos de corrupción y abuso de poder.
Durante años, los fueros fueron utilizados como un blindaje para evitar investigaciones judiciales, incluso en causas de extrema gravedad como la del juez Petris. Hoy, con una sociedad harta de la impunidad y la desigualdad ante la ley, el gobierno decidió devolverle la palabra directamente al pueblo. No es una reforma hecha entre cuatro paredes: es la ciudadanía la que decidirá si en Chubut habrá o no funcionarios intocables.
Pero mientras la sociedad avanza, un grupo de accionantes —Alberto Lamberti, Estrella Luz del Valle Gerez, Alejandro Daniel Fernández Vecino, Araceli Di Filippo, Arnaldo Hugo Barone y José Raúl Heredia— presentó una demanda para impedir que el pueblo vote. Afirman que los fueros no son privilegios sino “garantías para que los poderes funcionen sin presiones” y alertan sobre hipotéticas persecuciones políticas. Hablan de riesgos abstractos, temores a un poder ejecutivo tiránico, apelan a precedentes del siglo XIX y citan la historia de Inglaterra y Alberdi, como si viviéramos aún en una república aristocrática.
Ese argumento —que suena filosófico pero ignora la realidad— es incompatible con lo que hoy exige la sociedad real: igualdad ante la ley, transparencia y responsabilidad. Mientras el ciudadano común enfrenta la Justicia sin escudos ni atajos, un pequeño sector pretende conservar privilegios que el pueblo ya no está dispuesto a tolerar. Lo alarmante no es que defiendan su postura: lo grave es que quieran impedir que la ciudadanía siquiera pueda decidir.
El Procurador General fue taxativo: no existe “caso judicial” válido porque la reforma aún no se implementó. Bloquear un referéndum constitucionalmente previsto significa frenar la democracia antes de que el pueblo pueda hablar. Por eso, el Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible la acción con absoluta claridad institucional.
Estamos ante un punto de quiebre. No se discute solo una reforma legal, se discute un cambio cultural profundo: ¿seguirá habiendo castas blindadas ante la Justicia o iniciaremos una etapa donde nadie tenga coronas jurídicas? Defender fueros como instrumentos permanentes de impunidad ya no es sostenible. La democracia se fortalece cuando el voto popular ordena lo que la política y los tribunales no se animaron a cambiar.
La decisión del Superior Tribunal de Justicia fue contundente sobre los argumentos de los actores. Para ello, hemos de citar algunos párrafos del STJ que hacen referencia al accionar de quienes se presentaron a la justicia para frenar que los chubutenses puedan votar y elegir libremente sobre qué tipo de reglas quieren en su provincia:
“…La pretensión de la actora no se condice con nuestra forma republicana de gobierno y el respeto a la autonomía de los poderes, principios en cuya supuesta defensa funda su acción; más aún, los contradice al procurar la suspensión del procedimiento constitucional de enmienda.”
“…es preciso señalar que resulta paradójico que, enarbolando las banderas de la forma republicana de gobierno y la independencia de los poderes, la actora pretendiera por parte de este Superior Tribunal, el dictado de una medida (la interrupción de un referéndum popular expresamente establecido por nuestra violentaría ambos principios.”
Más allá de los firmantes de esta precaria acción judicial que pretendía ir en contra de la voluntad de la gente, en el sentido de pretender prohibirles a los chubutenses su legítimo derecho a decidir si quieren o no una enmienda constitucional para quitar los fueros, también hubo otros actores, como el juez Claudio Alejandro Petris que defendían a rajatablas los fueros, los cuales lo benefician personalmente, ya que en su caso rimbombante, la fiscalía que investiga su caso halla en los fueros muchos límites para avanzar en la investigación.
Tampoco podemos olvidarnos de la Asociación de Magistrados, que, en actitud vergonzante, pretendió defender posturas indefendibles ante la sociedad, tomando posturas para impedir y/o dificultar la investigación de magistrados; como si ser magistrado fuese garantía de honor o nobleza; virtudes que deben estar siempre expuestas y claramente visibles en personas elegidas nada menos que para administrar justicia.
Recientemente, la Asociación de Magistrados lanzó en las redes sociales un video sensacionalista tendiente a defender los privilegios del sector judicial, dejando a la vista que se niegan a ser expuestos ante la justicia como lo hace cualquier ciudadano.
¿Será que los jueces de la Asociación de Magistrados le temen a la propia justicia que ellos mismos imparten?
El que no tiene nada que ocultar, nada tiene que temer de ser investigado.
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