El Consejo de la Magistratura del Chubut abre sumario contra el juez Claudio Petris tras denuncia impulsada por una investigación de Chubut Online
El informe periodístico reveló presuntas maniobras irregulares del magistrado. El Consejo dio curso al sumario y la fiscalía inició una investigación penal.
En una resolución de alto impacto institucional, el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut resolvió –en el día de hoy- abrir un sumario disciplinario contra el juez de Cámara Claudio Alejandro Petris, luego de aceptar como procedente la denuncia presentada en su contra por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
La investigación se originó a partir de la investigación realizada por Juan Zuoza, de Chubut Online, que puso en conocimiento de la opinión pública una serie de presuntas irregularidades graves atribuidas al magistrado. El informe —que fue considerado como prueba de valor por la Comisión de Admisibilidad— reveló, entre otros hechos:
- Ocultamiento de bienes,
- Inscripción de propiedades a nombre de familiares,
- Utilización de documentación ajena para registrar vehículos de alta gama,
- Vínculos personales con causas judiciales que podrían haber implicado conflictos de intereses o beneficios indebidos.
A esos señalamientos se suman, según el dictamen oficial, denuncias de índole sexual y hechos que podrían constituir delitos contra la administración pública, lo que agrava aún más el cuadro inicial.
“A la luz de las denuncias (tanto de índole sexual, como de delitos contra la administración pública, entre otros), y en relación a todo lo que conlleva la sospecha de haber incurrido en estos ilícitos (…), nos hace concluir que estaría dañada —a prima facie— la idoneidad en todas sus acepciones (técnica profesional, moral)”, señala la Comisión de Admisibilidad.
“Es obligación de este cuerpo, mínimamente, investigar y dilucidar si este magistrado puede seguir ostentando el cargo que actualmente posee.”
El dictamen concluye que tanto la denuncia formal como la investigación de Chubut Online están respaldadas por prueba documental y testimonial, lo que motivó la admisión de la denuncia y la designación de un sumariante para llevar adelante un proceso disciplinario exhaustivo.
También interviene la Justicia penal
En paralelo a la actuación del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia también dio inicio a una investigación penal preliminar sobre los mismos hechos. Ya se conformó el legajo de investigación n.º 145.262, con el objetivo de determinar si los hechos denunciados constituyen delitos penales.
Cuando el periodismo incomoda al poder
El caso Petris es una muestra clara de cómo una investigación periodística, a la que en un primer momento se intentó restar trascendencia e incluso descalificar como una supuesta “operación”, terminó siendo el detonante de un proceso institucional profundo, que hoy involucra tanto al Consejo de la Magistratura como a la Justicia penal.
Que haya sido necesario el trabajo independiente de un medio como Chubut Online para que estas irregularidades comenzaran a investigarse, debería encender alarmas sobre la pasividad —o complicidad— de ciertos sectores del sistema judicial y político, donde mecanismos de control parecen funcionar solo cuando la presión pública se vuelve insoslayable.
Las denuncias contra el juez Petris no son menores: se habla de maniobras patrimoniales ilegales, abuso de autoridad y de poder, delitos contra la administración pública y posibles conductas de índole sexual. Pero el caso no se agota en un solo nombre.
Frente a la magnitud de las acusaciones, resulta inevitable preguntarse si estas maniobras pudieron haberse sostenido en el tiempo sin el conocimiento o la colaboración de otros funcionarios, empleados judiciales o actores del sistema.
Por eso, además de investigar a Petris, es imprescindible que se indague si existieron redes de protección o complicidades internas que permitieron —por acción u omisión— que estas conductas ocurrieran sin consecuencias durante años.
Este caso pone de manifiesto una necesidad urgente: que los organismos de control funcionen de manera autónoma, efectiva y permanente, no sólo cuando hay presión mediática. Y que lo hagan no solo en este caso, sino en todos aquellos donde haya indicios fundados de corrupción, abuso de poder o deshonestidad en el ejercicio de la función pública.
Porque sin control, no hay justicia. Y sin justicia, no hay Estado de derecho que se sostenga, ni confianza ciudadana que lo respalde.
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