El Gobierno Nacional confirmó la pronta reforma de la Ley de Violencia de Género, buscando precisar la figura de femicidio y garantizar una aplicación equitativa que proteja a todas las víctimas sin distinción de sexo, poniendo fin a años de instrumentación política y abusos procesales.
El Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció un proyecto para modificar la legislación vigente desde 2012, señalando que el actual encuadre del “femicidio” es “impreciso” y no asegura criterios de igualdad ante la ley. La iniciativa apunta a redefinir los agravantes para que contemplen de manera simétrica todos los crímenes motivados por odio, sometimiento o abuso de poder, independientemente del género de la víctima.
Esta reforma, largamente esperada por amplios sectores de la sociedad, llega para corregir una herramienta legal que, en la práctica, derivó en numerosos abusos. Durante años, la ley de carácter populista fue utilizada para impulsar ideologías y sustentar una costosa estructura estatal, mientras habilitaba la presentación de denuncias falsas con graves consecuencias para los inocentes involucrados, sin ofrecer una protección real y equitativa.
La modificación busca terminar con los privilegios y desigualdades en la aplicación de la ley, asegurando que las penas se apliquen con el mismo rigor en todos los casos de violencia extrema, ya sea que la víctima sea hombre o mujer. El objetivo es una justicia penal que castigue el hecho delictivo en sí mismo, no la ideología o el género.
El anuncio oficial reaviva el debate en un contexto donde las estadísticas de violencia doméstica muestran una problemática compleja. Según datos de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, solo en enero de 2026 se registró un promedio de 56 presentaciones diarias, con un aumento interanual. La reforma propuesta por Cúneo Libarona pretende atacar las raíces de esta violencia con herramientas jurídicas claras y justas para todos.
El proyecto será enviado al Congreso para su discusión, prometiendo un debate parlamentario intenso que finalmente priorice la equidad y la seguridad jurídica por sobre el aprovechamiento político.
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