El reciente proyecto de reforma laboral, que obtuvo media sanción en el Congreso, ha desatado la furia del Colegio Público de la Abogacía. En una carta dirigida al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, la entidad que nuclea a los letrados expresó su «profunda inquietud» por dos artículos específicos que, lejos de perjudicar a los trabajadores, atacan directamente el corazón del negocio de los juicios laborales: el bolsillo de los abogados litigantes.
El núcleo de la discordia radica en la modificación de los artículos 20 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. La nueva redacción establece un freno contundente a lo que en el ámbito judicial y empresarial se conoce como la «industria del juicio laboral», una práctica que ha llevado a la quiebra a cientos de pequeñas y medianas empresas en todo el país, incluida la Patagonia, al tener que afrontar demandas multimillonarias de dudosa legitimidad.
El negocio de litigar sin riesgo
Durante décadas, ciertos sectores de la abogacía laboralista operaron bajo una lógica perversa: presentar demandas con cifras sobredimensionadas o nula posibilidad de éxito, sabiendo que, aunque perdieran, el riesgo económico era cero para ellos. Si el juicio prosperaba, se llevaban jugosos honorarios; si fracasaba, simplemente buscaban el próximo cliente.
Esa ecuación se termina con la reforma. El nuevo artículo 20 introduce el concepto de «pluspetición inexcusable». En criollo, esto significa que si un abogado presenta una demanda inflando los montos de manera desproporcionada o temeraria, y el juez así lo dictamina, el letrado deberá pagar las costas del juicio con su propio patrimonio.
Los abogados, en su carta de queja, argumentan que esto introduce un «riesgo patrimonial directo» y una «discriminación» hacia su rama del derecho. Sin embargo, lo que la ciudadanía y el empresariado entienden es que, finalmente, se pone un límite a la irresponsabilidad y a los negocios espurios disfrazados de Derecho. Si un profesional va a litigar basándose en pruebas falsas o en reclamos exorbitantes, debe hacerse cargo de las consecuencias, no el empresario al que intenta extorsionar vía judicial.
El segundo punto del conflicto es el artículo 277, que permite el pago en cuotas de las indemnizaciones. Para el Colegio de Abogados, esto es un problema porque retrasa el cobro de sus honorarios. Es decir, mientras un trabajador despedido puede necesitar ese dinero para sobrevivir, la verdadera preocupación de los letrados es que su «comisión» se demore. Esta postura deja al descubierto que, en muchos casos, el trabajador es solo la excusa para un negocio que engrosa los bolsillos de los llamados «buitres letrados».
Corrupción judicial y abogados condenados
El reclamo de los colegios de abogados, que claman por la «protección de los derechos del trabajador», suena vacío si se lo contrasta con el contexto de corrupción que ha salpicado a la justicia laboral en los últimos años. No es un secreto que en diversas jurisdicciones del país han proliferado las asociaciones ilícitas entre abogados inescrupulosos, peritos médicos truchos y jueces complacientes para fabricar accidentes o despidos inexistentes.
Casos como el de los hermanos Franquelli en la provincia de Entre Ríos, condenados por impulsar 17 juicios laborales «truchos» con documentación falsa para estafar a aseguradoras, son la punta del iceberg de un sistema que premiaba la picardía. Durante años, muchos abogados laboralistas se acostumbraron a ganar siempre: ganan cuando el juicio es legítimo, y ganan cuando es una mentira bien armada. La reforma busca precisamente eso: que el que juega sucio, pierda.
Un freno a los «buitres letrados»
Lejos de ser una herramienta contra los trabajadores, como pretenden instalar los colegios profesionales, esta reforma es un instrumento de equilibrio. Al hacer responsables a los abogados por sus actos, se desincentivan las demandas maliciosas y se libera a las empresas de la presión de aceptar acuerdos espurios para evitar un juicio que las lleve a la quiebra.
Mientras tanto, organizaciones como el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) han respaldado el proceso de modernización, señalando que la superposición de jurisdicciones genera «ineficiencias» y atenta contra la «seguridad jurídica». La reforma, en definitiva, no solo ordena el sistema, sino que le pone un espejo a una parte de la abogacía que ve amenazado su patrimonio porque ya no podrá lucrar con el conflicto.
La ley apunta directamente a desactivar la fábrica de juicios. Los únicos que hoy salen a protestar son aquellos que ven cortado el chorro de honorarios fáciles. Los trabajadores y los empresarios honestos, aquellos que generan empleo genuino, deben celebrar un cambio que pone la justicia al servicio de la verdad y no del negocio de unos pocos.
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