La justicia de Trelew absolvió a la maestra Roxana Ortega, acusada de abusar de tres alumnos en la Escuela 201, al considerar insuficientes las pruebas y los testimonios contaminados.
La Cámara Penal de Trelew puso fin a una de las causas más resonantes de los últimos años en el ámbito educativo de la provincia del Chubut. La jueza María Tolomei dictó la absolución de Roxana Ortega, la docente que había llegado a juicio oral por el presunto abuso sexual de tres estudiantes de la Escuela N° 201 de la ciudad. El veredicto, conocido tras tres semanas de debate, no solo libera a la acusada de una posible condena de hasta 16 años de prisión, sino que también deja al descubierto las fisuras del proceso investigativo y la fragilidad de los relatos infantiles cuando no se aplican los protocolos adecuados.
El fallo de Tolomei fue contundente en sus fundamentos: la acusación de la Fiscalía nunca logró superar el umbral de la duda razonable. La magistrada señaló que los testimonios de los niños, obtenidos mediante Cámara Gesell, llegaron al debate “contaminados” por factores externos y por una toma de declaración que no se ajustó estrictamente a los procedimientos técnicos recomendados para garantizar la espontaneidad y la fiabilidad. Esa observación, que la defensa había planteado desde el inicio, terminó siendo el eje del pronunciamiento judicial.
Una investigación que duró dos años y un juicio que expuso las contradicciones
El proceso penal contra Ortega se extendió por más de dos años. Durante ese tiempo, la docente mantuvo su inocencia y su vida profesional quedó suspendida en un clima de hostilidad y estigmatización. Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2024, pero recién en 2026 el caso llegó a juicio. La Fiscalía, que había solicitado una pena de nueve años de prisión, y la querella, que reclamó 16 años, sostuvieron su acusación basándose casi exclusivamente en el testimonio de los menores. Sin embargo, para la jueza Tolomei, la carga probatoria resultó insuficiente para acreditar los episodios más allá de toda duda.
Uno de los puntos más debatidos fue la dinámica cotidiana de la Escuela 201. Durante el juicio, declararon auxiliares, directivos y otros docentes que describieron con precisión los horarios de recreo, los movimientos del personal y la vigilancia permanente en los pasillos y aulas. Esos relatos, según valoró la magistrada, hacían materialmente improbable que los hechos denunciados pudieran haber sucedido en las condiciones descritas por los acusadores. La defensa, a cargo de los abogados Facundo Bonavitta y Oscar Romero, supo aprovechar esa contradicción para sembrar la duda en el tribunal.
El rol de la Cámara Gesell y la contaminación de los relatos
La técnica de la Cámara Gesell, diseñada para proteger a los niños y evitar la revictimización, fue uno de los caballitos de batalla de la defensa. Bonavitta había insistido durante todo el proceso en que las entrevistas a los tres alumnos no respetaron los protocolos establecidos: preguntas sugestivas, intervenciones inapropiadas y un ambiente que no garantizaba la neutralidad. La jueza Tolomei recogió esas críticas en su sentencia y las convirtió en un pilar de la absolución.
“Se criticó la manera en que se tomaron las Cámaras Gesell; principalmente que no se respetaron los protocolos para la toma de declaraciones”, explicó Bonavitta al término del juicio. Esa deficiencia procesal, sumada a la falta de pruebas objetivas —como pericias médicas o evidencias físicas—, desmoronó el castillo de naipes de la acusación. El tribunal no encontró elementos que vincularan directamente a Ortega con los hechos, más allá de los dichos de los menores, que además presentaban inconsistencias cronológicas y espaciales.
La incertidumbre de dos años y el respaldo de la comunidad educativa
Roxana Ortega atravesó estos dos años de proceso con una mezcla de angustia y convicción. Según su defensor, la docente nunca dudó de su inocencia y siempre confió en que la justicia terminaría reconociendo la verdad. Esa postura fue respaldada por varios integrantes de la escuela, que en sus testimonios coincidieron en que la dinámica del establecimiento hacía inviable la comisión de los abusos en los términos planteados. “También lo sostuvieron el resto de los docentes, que era imposible que esto suceda”, afirmó Bonavitta.
Ahora, con la absolución firme, Ortega deberá decidir si retoma su carrera docente. Consultados sobre ese futuro, sus abogados prefirieron reservar la respuesta, señalando que es una decisión personal que solo ella puede tomar. Lo cierto es que el fallo deja abierta una reflexión más amplia sobre cómo se investigan los delitos sexuales en el ámbito escolar y la necesidad de equilibrar la protección de los derechos de los menores con las garantías del debido proceso.
Un caso que marcó a Trelew y que reabre el debate sobre la prueba testimonial
La repercusión del caso en Trelew fue inmensa. La Escuela 201 se convirtió en el centro de una polémica que dividió a la comunidad entre quienes apoyaban a la docente y quienes creían en la palabra de los niños. La absolución no zanja ese debate, pero sí impone un precedente judicial: los testimonios infantiles, por muy sensibles que sean, deben ser evaluados con rigor y acompañados de elementos objetivos que los corroboren. La jueza Tolomei, al cuestionar la solidez de la acusación, envió un mensaje claro a las fiscalías y querellas sobre la importancia de no soslayar los protocolos y de construir acusaciones sobre bases más sólidas que la mera denuncia.
Para la defensa, la sentencia es un triunfo de la razón jurídica. “Siempre sostuvimos que la falta de pruebas y los vicios en la obtención de los testimonios eran determinantes”, remarcó Bonavitta. Y agregó que el fallo “no es un triunfo personal, sino un respaldo a las garantías constitucionales que asisten a todo imputado”.
Queda ahora la incógnita sobre el destino de Ortega y, sobre todo, la pregunta de si la justicia podrá aprender de este caso para mejorar los mecanismos de investigación en delitos tan complejos como los abusos contra menores. Mientras tanto, la Escuela 201 retoma su ritmo habitual, y Trelew, ciudad golpeada por la polarización, asimila un veredicto que, más que un punto final, invita a una necesaria revisión de procedimientos.
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