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Julio de Vido a juicio oral

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Envían a juicio oral a De Vido por el desvío de fondos de la mina de carbón en Río Turbio

El juez Luis Rodríguez envió a juicio oral a los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta, junto a otras 16 personas procesadas por administración fraudulenta en la gestión de la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), ubicada en Santa Cruz.

 

En la causa, se acusó al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, de haber malversado 176 millones de pesos, pero hay una pericia en curso que podría elevar aún más la cifra.
En este expediente se investigó el destino de partidas presupuestarias por 26.000 millones de pesos que debían aplicarse a la modernización y puesta en valor de la mina de carbón ubicada en Santa Cruz.
Los 19 imputados, entre ellos De Vido, Baratta, Atanacio Pérez Osuna (ex interventor de YCRT), Jorge Mayoral (ex secretario de Minería), Martín Juan Goicochea (UTN), Jaime Alvarez, Fernando Lisse, entre otros, están acusados de haber participado de una «maniobra defraudatoria, cuya perpetración se sitúa entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional».
El juez Rodríguez determinó que existió una «maniobra defraudatoria» concretamente desde el «exministerio de Planificación Federal, del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz.
La Justicia estableció que se firmaron distintos convenios por $ 4.866.400.000, de los que se facturaron $ 1.380 millones de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación.
Asimismo, de acuerdo a lo informado por la Sigen, hubo otros $ 88 millones en concepto de «gastos administrativos» que fueron reclamados por la FRSC y la Fundación, pero Yacimientos no los abonó.
Bajo investigación estuvo el convenio de 2008, que posibilitó que YCRT y la FRSC rubricaran numerosos convenios a solventar mediante fondos del presupuesto de YCRT, en los que se le reconoció a FRSC «un 10% en concepto de gastos administrativos por todos aquéllos que realizara para el cumplimiento de las tareas que se le encomendaran», señaló Rodríguez.
El desvío de fondos se habría realizado por intermedio de esos convenios de colaboración entre YCRT y la Facultad Regional Santa Cruz (dependiente de la UTN), que contaba a su vez con la Fundación que permanece intervenida por orden del juez Rodríguez.

 

«CONVENIOS PLAGADOS DE IRREGULARIDADES»

Según describe Clarín, «todos los convenios estaban plagados de irregularidades», y según el juez, constituyeron la estructura del desvío de fondos y la defraudación por la que se acusó a exfuncionarios.
Rodríguez remarcó que entre otros aspectos hubo «retribuciones por gastos administrativos que encarecieron los costos de YCRT en un 21%; se recurrió a la contratación directa con la FRSC para no recurrir a licitación pública», además el cumplimiento de los convenios fue delegado en la Fundación y luego los servicios convenidos «fueron prestados por terceras personas, evidenciando además una subcontratación ilegal».

DE VIDO Y LOS FONDOS

Entre otros puntos, se determinó que el Ministerio de Planificación tenía «injerencia sobre el destino de los fondos que eran asignados a YCRT disponiendo los pagos que debían realizarse»; también «se fraccionaron ilegítimamente los convenios en numerosos convenios específicos para no superar los montos máximos que podían autorizar el Interventor de YCRT y el Decano de la FRSC».

 

Fuente: Clarin

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